La última semana la prensa ha informado de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Laredo, aprobado el 15 de mayo de 2015, por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, a causa del incumplimiento de la exigencia de informe preceptivo y vinculante previsto por el art. 35.2 de la Ley General de Telecomunicaciones.
Merece la pena analizar lo sucedido, y el contenido de la sentencia, para que todos los que intervenimos en la tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento saquemos experiencia.
La anulación se produce por no haber sido solicitado el informe del Ministerio de Industria previsto en el art. 35.2 de la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones. El expediente incluía informes sectoriales de telecomunicaciones, pero anteriores a la Ley 9/2014, por tanto esos informes no pueden contemplar el cumplimiento de la Ley 9/2014 BOE , que estaba vigente en el momento en que el PGOU fue aprobado definitivamente.
El mismo artículo citado (35.2) se indica que «A falta de solicitud del preceptivo informe, no podrá aprobarse el correspondiente instrumento de planificación territorial o urbanística en lo que se refiere al ejercicio de las competencias estatales en materia de telecomunicaciones».
No obstante la Sentencia no se limita a anular el PGOU «en lo que se refiere al ejercicio de las competencias estatales en materia de telecomunicaciones», sino que considera que la ausencia del informe impide de modo absoluto la aprobación del Plan.
Sólo la lectura de la sentencia puede aclarar los fundamentos jurídicos de esta, aparente, ampliación de la exigencia legal.
En cualquier caso, en nuestra página web se puede consultar el procedimiento que se sigue para la emisión de este informe sectorial, y su alcance.
afecciones al planeamiento urbanístico 
