ZONAS INUNDABLES


De acuerdo con el art. 14.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico RDPH, se consideran zonas inundables las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 500 años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas, a menos que el Ministerio de Medio Ambiente, a propuesta del organismo de cuenca fije, en expediente concreto, la delimitación que en cada caso resulte más adecuada al comportamiento de la corriente.

El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, regula los procedimientos para llevar a cabo la evaluación y gestión de riesgo de inundación previsto en la Directiva 2007/60/CE.
Por otra parte, en su art. 2.m), completa esta definición ampliando la consideración de las series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas “en los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, así como las inundaciones en las zonas costeras y las producidas por la acción conjunta de ríos y mar en las zonas de transición. Estos terrenos cumplen labores de retención o alivio de los flujos de agua y carga sólida transportada durante dichas crecidas o de resguardo contra la erosión”.

Régimen de usos.

El art. 14 bis, apartados 1 y 2, del RDPH  establece para la zona inundable un régimen que será distintos según la situación básica en que se encuentran de acuerdo con lo que establece la ley del suelo.

  • En los suelos en la situación básica de suelo rural:
    • Las nuevas edificaciones y usos asociados  se realizarán, en la medida de lo posible, fuera de las zonas inundables.
    • En aquellos casos en los que no sea posible, se estará a lo que al respecto establezcan, en su caso, las normativas de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta lo siguiente:
      • a) Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de inundación existente. Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de período de retorno, se realicen estudios específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga sólida transportada, y además se disponga de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.
      • b) Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras públicas esenciales tales como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población, acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados, parques de bomberos, centros penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los servicios de Protección Civil, o similares. Excepcionalmente, cuando se demuestre que no existe otra alternativa de ubicación, se podrá permitir su establecimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el apartado anterior y se asegure su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.
  •  En los suelos que se encuentran en la situación básica de suelo urbanizado
  • Podrá permitirse la construcción de nuevas edificaciones, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, las condiciones que se indican en las letras a) y b) para el suelo rural.

Como complemento de ese régimen hay que tener en cuenta:

  • Las determinaciones que pueden incluir en esta materia los Planes Hidrológicos y los Planes de Gestión de Riesgo de Inundabilidad
  • Que, según establece el art. 14.2, los organismos de cuenca han de dar traslado a las Comunidades Autónomas de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo, y en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables. En este sentido,  es preciso comprobar en cada caso si existen instrumentos de ordenación territorial que establezcan estas condiciones, o si en la legislación de la correspondiente Comunidad Autónoma se prevé que los instrumentos de ordenación urbanística establezcan estas condiciones.

Por otra parte, en el Libro Blanco del Agua, aunque no se trata de un instrumento normativo, se contienen unos criterios que pueden ser útiles para determinar el uso de las zonas inundables.

Información cartográfica puede consultarse y descargarse en el GeoPortal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Un explicación de su contenido y uso puede verse en este mismo blog en el apartado “Mapas de peligrosidad y riesgo” en la página a la que lleva este enlace.


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