Contenido del informe


El segundo párrafo del apartado 2 del art. 35 de la Ley 9/2014 establece la competencia del informe: “tendrá carácter vinculante en lo que se refiere a su adecuación a la normativa sectorial de telecomunicaciones, en particular, al régimen jurídico de las telecomunicaciones establecido por la presente Ley y su normativa de desarrollo, y a las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas”.

En ausencia de un desarrollo reglamentario de este precepto, la página web del ministerio competente en la materia recoge los problemas más habituales que se observan en los instrumentos sometidos a informe, y que deben ser evitados.
Se recogen a continuación una relación sintética de las cuestiones que deben evitarse:

  • Se ha de evitar cualquier referencia directa o indirecta a un operador de telecomunicaciones concreto. Si se considera necesario hacer referencia a alguna normativa deben utilizarse la aprobadas legalmente, o en su ausencia las aprobadas por órganos de normalización españoles o europeos.
  • No se debe exigir para concesión de licencias o permisos, una documentación excesiva, limitándose a la estrictamente necesaria para ejercer la competencias propias de los órganos de la administración que tienen encomendado la aprobación de los instrumentos de planificación.
  • No debe imponerse la ubicación compartida de infraestructuras, aunque no hay inconveniente en que se fomente esta utilización compartida, pero sin exigirla.
  • Las restricciones al despliegue de infraestructuras de telecomunicación deben ser proporcionadas y compatibles con la posibilidad de que los usuarios accedan a los ervicios de telecomunicaciones que requieren. Para hacerse cargo de esta condición interesa acudir a la página web del ministerio, se recogen aquí las conclusiones tal como son transcritas en la propia página:
    • no podrán establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de ocupación del dominio público y privado de los operadores;
    • ni imponer soluciones tecnológicas concretas;
    • ni imponer itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras de red de comunicaciones electrónicas.
  • Si se ofrecen lugares concretos para la ubicación de infraestructuras de las redes públicas de telecomunicaciones, estos deben ser suficientes y adecuados, sin que se incluya una prohibición absoluta para situarlos en lugares distintos.
  • No se pueden establecer requisitos técnicos excesivos; en su caso pueden emplearse los niveles de emisión radioeléctrica tolerable fijados por el Real Decreto 1066/2001.
  • La obligatoriedad de licencia municipal o de cualquier otro tipo de autorización administrativa debe respetar lo previsto en la disposición adicional tercera la la Ley 12/2012 (la aplicación en esta materia de la citada ley puede consultarse aquí).
  • Ubicación de las antenas de radiocomunicación. Las limitaciones que se impongan deberán ser relativas y siempre supeditadas a la cobertura y calidad del servicio al que atiende.

Créditos, información y enlaces de interés